Ayer Argentina recuperó su facultad soberana de emitir moneda y papel de seguridad, una premisa básica que caracteriza a todo Estado que tenga un horizonte de independencia económica. El país ha cambiado su perspectiva, alejada de aquella Ley de Emergencia Administrativa impulsada por el Consenso de Washington que nos dejó, hasta sin monedas. Reproducimos por su valor histórico la nota de Página 12 que sacó en 1999 cuando la Casa de Moneda quedó sujeta a "privatización o concesión".
Por Raúl Dellatorre
Las autoridades de Casa de Moneda intentan parar el embate del Ministerio de Economía, que impulsa la privatización del organismo que hoy preside Nelson López del Carril. La Subsecretaría de Servicios Financieros ya cursó a cuatro firmas consultoras la invitación a concursar por la elaboración de un informe sobre la gestión de dicho organismo, “realizar un análisis de la situación actual y las posibilidades futuras de Casa de Moneda S.E., a fin de definir una estrategia” para su privatización y/o concesión.
César Deymonnaz, subsecretario de Servicios Financieros, le informó por nota a López del Carril que el Ministerio de Economía se encontraba “considerando la factibilidad de proceder a la privatización/concesión de S.E. Casa de Moneda, de conformidad con lo previsto en la ley 23.696 y el Decreto 51/92”, esto es, la Ley de Emergencia Administrativa del año 1989 de los primeros meses de la gestión de Carlos Menem (Ley Dromi) y su decreto reglamentario. De dicha declaración de emergencia ha pasado más de una década, en la que Casa de Moneda quedó bajo la conducción de Armando Gostanian sin que el menemismo intentara avanzar en su pase a manos privadas.
La actual conducción de Casa de Moneda rechazó la intención que ahora esgrime el Palacio de Hacienda, señalando la evolución de la gestión del organismo “hacia una administración eficiente”. Entre otros aspectos, sus autoridades destacaron que prácticamente se eliminó el déficit operativo y se están negociando nuevos contratos para prestar servicios en el exterior, además de la incorporación de equipamiento que le permitiría participar en licitaciones internacionales de mayor peso. Estas tramitaciones quedarían congeladas de cumplirse las órdenes emanadas desde la Secretaría de Finanzas.
Según informó Deymonnaz al titular de Casa de Moneda, “las firmas invitadas” para hacer el trabajo de consultoría son: KPMG, Booz Allen & Hamilton, Price Waterhouse y McKinsey. “Este trabajo posibilitará conocer no sólo el estado actual de Casa de Moneda, sino también su potencialidad futura y las acciones necesarias para llevarla a cabo, por lo que sería prudente aguardar la finalización de dicho trabajo para encarar cualquier emprendimiento”, afirma y recomienda el subsecretario en su carta a López del Carril.
El memorándum enviado a las cuatro consultoras, además de señalar los objetivos del estudio, describe las tareas a realizar, que abarcan un análisis y descripción “a nivel internacional de la actividad de la Casa de Moneda, desglosada en impresiones de seguridad, impresión de billetes y acuñación de moneda”; la tendencia mundial del mercado; el análisis del mercado local en cuanto a tecnología, capacidad y competitividad; y en particular una evaluación de Casa de Moneda en cuanto a su capacidad productiva, estructura de la organización, operatoria comercial, clientes actuales, mercado y competencia, situación económica y financiera y diagnóstico global (fortalezas y debilidades), además de la evaluación de las posibilidades futuras (mercado potencial, proyección económica y financiera, cambios operativos y estructurales necesarios, necesidades de inversión y valor estimado en su situación actual y potencial).
Finalmente, se requiere a las consultoras que formulen un “plan de acción” que contemple las siguientes alternativas: reestructuración operativa, privatización, cierre, convenios asociativos con otras casas de moneda u otro, informando “potenciales interesados, modificación del marco regulatorio requerido y plazos estimados”. Economía no piensa prolongar demasiado una definición: el tiempo estimado para la realización de la consultoría fue fijado en seis semanas.
Nelson López del Carril no sólo rechazó las pretensiones del Palacio de Hacienda sino que, al tiempo que Deymonnaz convocaba a las consultoras, recorría Estados Unidos en busca de ofertas de equipamiento para laentidad. También recurrió, por sí o a través de sus colaboradores directos, a la Unión Cívica Radical y a los legisladores de su partido para llevarle sus razones. “Casa de Moneda es una sociedad del Estado que genera genuinamente sus recursos, se autofinancia y no recibe ninguna partida del Presupuesto Nacional”, sostiene en un escrito que circula por las oficinas legislativas. “Es impensable concebir la impresión de billetes y la acuñación de monedas fuera del control efectivo del Estado (...); no existen en el mundo ejemplos de Casa de Moneda privadas”.
El bloque de senadores del radicalismo se hizo eco de la demanda. Rechazando el intento privatizador, un documento en elaboración señala que “hay que fortalecer al Estado en todo aquello que resguarde el interés de la República (...); por lo tanto, la privatización que algunos pretenden de la Casa de Moneda es un facilismo inconducente”.