La foto es alarmante. Podría ser la de cualquier gremio que reclama mejores salarios. Obreros de la construcción, mercantiles, camioneros o docentes, por citar cualquier ejemplo. Pero asistir a un pedido de mejoras salariales por parte de uniformados, que ganaron la calle y rompieron la cadena de mandos, que mantuvieron colgadas banderas con reivindicaciones a quienes se alzaron en armas hace sólo 20 años contra las fuerzas armadas, y hasta se permitieron emplazar un ultimátum a la Presidenta del país para que respondiera a sus reclamos, por más legítimo que sea, en un país que vivió más de la mitad del último siglo bajo regímenes dictatoriales e inconstitucionales, hizo evocar a los peores fantasmas.
La protesta nació casi espontáneamente entre suboficiales de Prefectura que el martes 2 encontraron en los cajeros sus sueldos, en muchísimos casos de por sí muy magros, reducidos a la mitad. Desde hace mucho tiempo, los montos percibidos por los uniformados de estas fuerzas de seguridad se habían convertido en un auténtico desbarajuste. Producto, según afirman fuentes oficiales, en medidas que venían “desde la época de Domingo Cavallo, como el congelamiento de salarios”. Para producir una recomposición salarial en los últimos años se apeló a la figura de “sumas no remunerativas”, el enjuague utilizado para pagar sueldos en negro. Con el agravante de que en este caso se estaba produciendo desde las propias esferas del Estado Nacional. Presentaciones judiciales y medidas de amparo mediante, la situación se vino conduciendo de este modo hasta el martes 2. En los pasillos de los edificios Guardacostas y Centinela, sede de la Prefectura Naval y de la Gendarmería Nacional, el reclamo por el hecho de que más del 70% del sueldo ya estaba compuesto por cifras en negro no eran secreto para nadie. Y con la idea de remediar la situación, el Gobierno Nacional redactó el decreto 1307 / 2012. El problema fue que, en lugar de solucionar el problema, la norma fue un balde de nafta sobre un incendio incipiente.
No hizo falta demasiado esfuerzo para que la voz se hiciera potente.
En la Casa Rosada las acusaciones por la responsabilidad están al alcance de la mano. Según quien sea el interlocutor, el error original corrió por cuenta de Raúl Garré, hermano de la ministra de Seguridad y jefe de gabinete de la cartera. “Es el padre de la criatura”, lo defenestraron fuentes del kirchnerismo más acérrimo. También hay quienes le cobran alguna factura al viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien tuvo a su cargo los estudios de factibilidad presupuestaria que derivaron en el decreto. Y no faltan los que le imputan cargos a quienes le hicieron estampar la firma a la Presidenta.
En cualquier caso, desde el Gobierno se buscó corregir rápidamente los errores. El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, anunció a media mañana del miércoles 3 que se suspendía la aplicación del decreto 1307 y que todos cobrarían el mismo sueldo que en agosto. Pero una vez que se abrió el grifo para las demandas en un sector que las tiene vedadas, se colaron reclamos que hacía tiempo se planteaban en voz baja, aunque de modo permanente, en las fuerzas. En cuestión de horas se pasó a pedir “la implementación de una nueva escala salarial, un piso salarial de $ 7.000, incorporación del personal a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) y libre elección de la Obra Social, integración de los suboficiales a la Comisión Negociadora de Asuntos Salariales del Ministerio de Seguridad” y la garantía de que no se sancionaría a quienes participaron de la medida de fuerza.
Al primer intento de descomprimir la situación, el Gobierno le sumó la decisión de remover a las cúpulas de ambas fuerzas. En la tarde del miércoles, desde Seguridad se informó que el comandante general Enrique Alberto Zach reemplazaría a Héctor Bernabé Schenone en el mando de la gendarmería, y que el prefecto general Luis Alberto Heiler haría lo propio con Oscar Adolfo Arce en la fuerza naval.
Pero tampoco eso sirvió. Porque a esa altura surgió un nuevo conflicto, derivado de la falta de sindicalización de las fuerzas de seguridad (ver recuadro): la dificultad para encontrar interlocutores entre quienes protagonizaban la protesta. “Esto es muy anárquico”, repitió varias veces durante una charla un funcionario de la cartera que lidera Nilda Garré. “Cambian todo el tiempo los interlocutores, y cuando aparece alguno con una posición un poco menos radicalizada recibe la reprobación del resto y es rápidamente desplazado”, se quejó amargamente (…).
El debate sobre la sindicalizaciópn de las fuerzas de seguridad
El conflicto con los agentes de Prefectura y Gendarmería volvió a poner en el tapete la discusión acerca de si se debe avanzar en la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Aunque en los últimos tiempos hubo inquietudes de algunos sectores políticos en ese sentido, el tema nunca fue tratado en el Congreso.
En el Convenio 87 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dejó a criterio de los Estados adherentes la posibilidad de legislar sobre el derecho de las fuerzas de seguridad a peticionar por sus condiciones de trabajo, con ciertas restricciones, por tratarse de un colectivo de trabajadores que se distingue del resto por la facultad de portar armas. “En Argentina hay normas que restringen ese derecho, al establecer que las fuerzas de seguridad tienen una organización piramidal y jerárquica. Sería bueno que tuvieran un representante que pudiera discutir sus condiciones de trabajo, con las limitaciones que la OIT establece”, le dice a EG el diputado nacional y abogado laboralista Héctor Recalde. Precisamente la ausencia de interlocutores válidos y reconocidos fue uno de los factores que dificultó el diálogo en el conflicto que se desató el martes 2.
Sobre la sindicalización también se expresó en varias oportunidades el diputado provincia Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “La voz de la institución no puede ser la del comisariato; la voz de la fuerza tiene que estar en manos de los trabajadores quienes le ponen el pecho todos los días a la labor policial. Hay que avanzar en la sindicalización”, opinaba el dirigente de Nuevo Encuentro en junio de este año sobre la situación de la Policía Bonaerense.
El reclamo de prefectos y gendarmes y los conflictos que se vivieron en algunas policías provinciales dejaron el terreno listo para la discusión.
Más opiniones en:
http://elguardian.com.ar/nota/revista/910/fuera-de-la-ley
El Guardián