Los moyanistas, en tanto, entraron en una suerte de stand by y aún no tienen definiciones ni sobre el supuesto paro que iban a convocar junto a la CTA de Pablo Micheli ni sobre la supuesta presentación judicial que iban a hacer contra el gobierno por la demora en la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
El mayor escollo con el que se encuentran los sindicalistas de la CGT que conduce Antonio Caló es el de no haber podido establecer una relación fluida con los distintos integrantes del Poder Ejecutivo y, por ende, no haber conseguido ninguna de las soluciones a las que aspiraban arribar.
Cualquier hijo de vecino podría haber supuesto que el hecho de que esta nueva CGT –que se escindió de la que conduce el camionero Hugo Moyano– contara con la venia de la Casa Rosada para constituirse bastaría para restablecer los lazos entre el movimiento obrero y el gobierno. La relación entre ambos sectores venía deteriorada desde que Hugo Moyano mostró sus inquietudes políticas y comenzó a cuestionar políticas públicas que anteriormente estaban naturalizadas. Por esa y otras razones, varios dirigentes decidieron alejarse del camionero y formaron su propia CGT, que fue bautizada por los moyanistas como CGT Balcarce, en alusión a la cercanía de muchos de esos sindicalistas con el Poder Ejecutivo (que tiene su sede principal en Balcarce 50).
Pero evidentemente esa cercanía no fue suficiente para garantizar un diálogo fluido con los funcionarios y mucho menos para obtener resultados concretos a sus demandas, como por ejemplo la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, la revisión del sistema de obras sociales y la mejora de las asignaciones familiares, entre otras cuestiones. La falta de respuestas ofusca en distinto grado a los dirigentes de la CGT Caló, especialmente luego de las promesas que recibieron en las dos reuniones que tuvieron con la presidenta Cristina Fernández en las que convinieron establecer encuentros específicos con cada uno de los representantes de las áreas en las que buscan soluciones.
Por otro lado, es esperable que haya reacciones dispares y disímil nivel de paciencia, si se tiene en cuenta el variopinto conjunto de dirigentes sindicales que integra ese cuerpo, que van desde los directamente asociados con el kirchnerismo, los ex moyanistas, los “gordos” (en referencia a los grandes medios) y los independientes. Es por eso que cada uno de los sectores tiene posturas diferentes, que van desde las amenazas al gobierno, pasando por la conciliación, hasta el mutismo.
El silencio sobre el pedido del aumento del piso a partir del cual se tributa Ganancias inquieta especialmente a todo el arco sindical e irá incrementándose a medida que se acerque fin de año y el medio aguinaldo de diciembre, que hará que muchos más trabajadores sean alcanzados por el impuesto. Al mismo tiempo, con el correr de los días se diluye la esperanza de que haya modificaciones para el ejercicio fiscal 2012. Así, los rumores de que el gobierno no tiene intenciones de modificar el tributo este año se hacen cada vez más firmes.
Y quienes ya se resignan a perder el aumento del piso para pagar Ganancias 2012 ya piensan en 2013. En enero inician las paritarias para el año que viene y si no hay miras de modificar Ganancias, los distintos dirigentes van a sentarse a negociar sabiendo que gran parte de lo que consigan, se lo “comerá” el impuesto.
Por eso, desde la central obrera de Caló confiesan: “Es un problema estructural, pero hay fórmulas posibles para resolverlo”. Y aventuraron: “Se le podría devolver a quien se le descuenta dinero en bienes, pero eso requiere discusiones de fondo y a esta altura del año eso es muy complicado.”
“No estamos enojadísimos, pero vemos que estamos a fin de año y quedan muchos temas por analizar y sin resolver”, indicaron desde uno de los sectores más conciliadores de la CGT de Caló. Y al mencionar esos temas se incluyeron no solo al impuesto a las ganancias, sino también al trabajo no registrado y a las asignaciones familiares.
Al respecto, aseguraron que buscan “revisarlas sin que implique un déficit para el Estado. Sabemos que no podemos desfinanciar al Estado, pero también que hay que buscar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo”.
El sistema de las obras sociales es incluido en los reclamos de las dos CGT (Azopardo y Balcarce) pero desde veredas diferentes. La central obrera moyanista reclama a la Casa Rosada incesantemente una deuda de muchos miles de millones de pesos que varía según el vocero que la mencione. Este reclamo tiene larga data y Moyano la reclamaba aún cuando todavía integraba la “alianza estratégica” con el gobierno y fue la excusa para que el moyanismo volviera a fotografiarse y a marchar junto al gastronómico Luis Barrionuevo.
Por su parte, la CGT de Caló sostiene que el camino para mantener vivo el sistema de obras sociales debe ser otro. Aseguran que se debe buscar una reforma más global que mejore el servicio y elimine pasos burocráticos que complican la atención de los pacientes.
En la misma línea con la desazón que reina en la CGT de Caló en torno a las soluciones a sus reclamos, prevalece un malestar porque muchos tuvieron la esperanza de conseguir la designación de algunos de sus dirigentes en los directorios de los organismos de seguridad social, como la ANSES, el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.
En el moyanismo, mientras tanto, hay una calma que hace suponer que puede venirse una tormenta. Más allá de la declaración de Moyano el martes en el juicio por las supuestas coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando De la Rúa, desde los hombres cercanos a Moyano hay un silencio significativo. Facundo Moyano viajó a Estados Unidos como veedor de las elecciones, Juan Carlos Schmid acaba de regresar de un congreso sindical en Jordania y hasta el verborrágico Julio Piumato disminuyó su encendida crítica al oficialismo en la red social Twitter.
Fuentes del sector confirmaron que aún no hubo avances respecto del paro que se habría coordinado con la CTA opositora y desmintieron que se esté evaluando hacer una presentación judicial contra el gobierno por el mínimo no imponible. Tal vez estén esperando a ver el alcance del 8N (al que ellos no concurrirán, al menos no orgánicamente) para hacer su próxima movida.
La denuncia que realizó la semana pasada Hugo Moyano contra el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por haber habilitado el proceso electoral que consagró a Antonio Caló secretario general cayó en el juzgado federal de Roberto Canicoba Corral. El magistrado citó al camionero a declarar para la semana próxima con el fin de que ratifique o rectifique su acusación. Habrá que esperar hasta entonces a ver si el fundador del MTA profundiza o no su ruptura con el gobierno y su encono personal con Tomada.
Ana Vainman es columnista de Tiempo Argentino y conductora del canal CN23