La empresa Metrovías, del grupo Roggio, anunció públicamente que recortará desde esta semana la frecuencia de las seis líneas del subte porteño y el Premetro, cuya operación quedó en medio de la pulseada entre la Nación y la Ciudad por el traspaso del servicio.
En simultáneo, la compañía reveló a sus interlocutores en el Gobierno y el sindicato que agrupa a sus empleados que en caso de continuar la actual indefinición jurisdiccional, considerará caído el contrato de concesión y abandonará la explotación. En cualquier caso, el colapso subterráneo se hizo sentir en los túneles y también en la superficie, que se colmó con un aluvión de pasajeros en los colectivos y una mayor afluencia de autos.
El afiche sorprendió a los usuarios del subte el viernes por la noche, cuando Metrovías ordenó empezar a colocarlo en las carteleras de todas las estaciones. En letras gigantes sobre fondo rojo, el título advertía sobre “demoras en el servicio”. Y adelantaba: “Podríamos vernos forzados a tener que limitar la cantidad de trenes en servicio, como consecuencia de la situación que atravesamos a partir de la suspensión del Acta Acuerdo del traspaso del Subte a la Ciudad de Buenos Aires”. Y los Roggio fueron un paso más allá. Avisaron que implementarán “un programa operativo que contempla una limitación en la cantidad de trenes que saldrán a servicio”. E insistieron en que habrá “una menor cantidad de formaciones” surcando los túneles. Aunque en el afiche dijeron querer “llevarles tranquilidad a los usuarios” respecto de la seguridad del servicio, los concesionarios aclararon que no usarán “formaciones que no puedan contar con todas las condiciones de mantenimiento correspondientes”. La sola mención a ese punto –el mantenimiento– puso en guardia al gobierno porteño, con la memoria de la tragedia de Once todavía fresca y la antigüedad de los vagones a la vista de todos. Hasta ahora ningún concesionario había admitido que la seguridad del pasaje estuviera en riesgo por la falta de fondos para mantener las formaciones andando.
La “situación” a la que alude Metrovías es el rojo que dejó en sus cuentas la indefinición acerca de quién paga los subsidios para sostener el servicio. En el acta-acuerdo que firmaron en enero, la Nación se había comprometido a abonar $30 millones mensuales durante todo el año y la Ciudad otro tanto. Luego Macri anunció el aumento del boleto de $1,10 a $2,50 y aseguró que con esa diferencia cubriría el monto comprometido. Pero como el colectivo no subió, la cantidad de pasajeros del subterráneo cayó cerca del 20% y la recaudación por pasajes es inferior a la prevista. Para peor, la Nación solo entrega en efectivo $15 millones por mes; la otra mitad va a una “cuenta fiduciaria para obras” a nombre de la Ciudad, pero que el gobierno porteño se niega a tocar para no aceptar de hecho el traspaso.
La tensión aumenta con el correr de los días debido a que a principios de agosto deben renegociarse los sueldos de los casi 4 mil empleados del subte, que suspendieron sus paritarias por tres meses mientras esperaban que se resolviera el pleito jurisdiccional. “Pareciera que Metrovías chantajea a alguien con dejar la concesión, y todo esto a quince días de comenzar la paritaria”, dijo a BAE el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli. La Comisión Nacional Reguladora
del Transporte (CNRT), que debe controlar que se cumplan los servicios, no emitió opinión sobre esas denuncias ni sobre la advertencia de Metrovías. Su titular, Eduardo Sícaro, figura como imputado en la causa que investiga la tragedia de la estación Once, que costó la vida de 51 pasajeros del Sarmiento.
La Secretaría de Transporte contestó a través del Ministerio del Interior, que acusó a Mauricio Macri de la crisis y ratificó que se le han girado los fondos tal lo previsto. Metrovías asegura que acumula pérdidas por más de 140 millones de pesos en lo que va del año y que cubrió ese rojo con “aportes propios” de sus accionistas. Pero lo cierto es que el grupo Roggio, controlante de la firma, también fue denunciado este año en la Legislatura porteña por los negocios paralelos que realiza al abrigo de esa concesión, como el alquiler de locales comerciales en los túneles, la venta de publicidad en estaciones del subte y vagones y el uso del trazado subterráneo para el tendido de cables con los que luego se prestan servicios de telecomunicaciones a empresas.
En medio del culebrón en que se sumergieron los gobiernos nacional y porteño a raíz de la fallida transferencia del subte a manos metropolitanas, Metrovías se convirtió en la única ganadora. El Grupo Roggio, dueño de la concesionaria, obtuvo de un plumazo el aumento de boleto por el que pugnaba desde hacía años. Pero además, según un informe del legislador Rafael Gentili al que tuvo acceso exclusivo BAE, el holding embolsará $10 millones adicionales durante este año gracias a un canon que se paga a sí mismo mediante otra de sus empresas controladas. El canon es de 2,6% sobre la facturación bruta de las boleterías y resulta difícil de justificar para una concesionaria que supuestamente ganó la licitación para operar el subte gracias a sus conocimientos en la materia.
“Si bien no se tienen precisiones acerca de en concepto de qué se cobran dichos servicios, según la información vertida en los balances Metrovías S.A. es asesorada respecto a la administración, gerenciamiento y puesta en funcionamiento del servicio”, precisa la investigación parlamentaria.
Metrovías paga el canon a Benito Roggio Transporte S.A., una firma propiedad de CLISA (agente financiero de Roggio), que a su vez posee el 90,7% de Metrovías. Por los términos de la concesión de 1993, BR Transporte quedó habilitada para cobrar 4% de la facturación por pasajes hasta agosto de 2005. Desde entonces y hasta ahora, el porcentaje se redujo a 2,6 por ciento. El cobro del canon, que queda íntegro para Roggio y no se reparte entre los accionistas de Metrovías, compensó con creces las pérdidas registradas en 2003 y 2004 por la concesionaria del servicio. Dicho de otro modo, si no se hubiera cobrado ese cargo, el resultado operativo habría sido positivo. En 2006 y 2007 los pagos del canon superaron las ganancias acumuladas por la operación. En esos años, la compañía recibió además $305 millones y $245 millones en subsidios estatales respectivamente.
El informe que elaboró el equipo de Gentili (Proyecto Sur) puso al descubierto el entramado de empresas satélites de Metrovías que el Grupo Roggio armó con el correr de los años y que incluye firmas de gestión y administración, publicidad y comercio, asistencia al pasajero, cableado, administración de fondos, gerenciamiento y operación de sistemas, reparación de vehículos, limpieza y seguridad.
“Esto les permite extraer una ganancia libre de riesgo, ya que lo que perciben estas empresas son montos que el holding recibe independientemente del resultado económico arrojado por el balance”, explica. Como se cobra sobre lo facturado y no sobre los subsidios que giró hasta ahora el Estado a Metrovías, el canon pegará un salto de $10 millones este año. Gracias al aumento que dispuso Mauricio Macri en el precio del pasaje (de $1,10 a $2,50), la facturación se irá de $328 a $746 millones, y el canon, de $8,5 a 19,3 millones de pesos. El “desvío” paso por paso El grueso del desvío de ganancias opera a través de Metronec, la poco conocida firma de los Roggio que administra la publicidad en vagones, estaciones, escaleras, relojes y carteleras del subte. Aunque apenas cuenta con un puñado de empleados, la empresa llegó a facturar más que Metrovías en 2010 y casi empató el año pasado, pese a que el subte emplea a más de 3.500 trabajadores.
Por un contrato del 7 de septiembre de 2000, Metrovías cedió a Metronec “en forma exclusiva y excluyente de cualquier tercero la totalidad de las facultades para la explotación comercial, arriendo de locales, espacios y publicidad en estaciones, coches e inmuebles y tendido de fibra óptica en los túneles”. A cambio, Metronec abonó una “llave” de u$s 15 millones y se comprometió a pagar un canon de solo u$s 125 mil mensuales de 2000 a 2008, que luego subiría a u$s 167 mil entre 2007 y 2017. En 2002, todos los montos fueron pesificados. Los pagos son insignificantes frente a los $55 millones que, en un cálculo conservador, Gentili estimó que factura por publicidades Vía Subte, la comercializadora de Metronec, sin que a Metrovías le toque comisión alguna. Pero a eso se suman otros negocios, como la cesión de los túneles a Metrotel, la empresa con que los Roggio proveen servicios de telefonía IP e Internet a empresas. Solo en impuestos porteños, ese contrato le ahorra al grupo contratista $7,3 millones por año.
Por los alquileres de locales comerciales en las estaciones y pasarelas del subte, Gentili estimó que los Roggio embolsan otros $13 millones anuales. La cuenta se hizo sobre los metros cuadrados declarados por Metronec y tomando en cuenta un valor promedio de superficie, aunque por la afluencia de público, los alquileres en el subte suelen ser más caros, igual que la publicidad. Los $100 millones anuales se redondean con el canon que paga Metrovías por el “know how” a BR Transportes (ver recuadro) y con lo que factura Roggio por asesorar a los sistemas de transporte de Neuquén y de San Pablo, en base al expertise acumulado gracias a la concesión. Pero nada de eso aligera la carga de los usuarios (vía tarifas) ni la de los contribuyentes (vía subsidios).
Mientras, Macri mira para otro lado, la empresa se victimiza y miles y miles de pasajeros son rehenes de la desidia empresarial y su connivencia con el poder en la Ciudad.