En las últimos días corrió la versión de que el Gobierno le quitará la concesión a Metrovías y el Grupo Roggio. De hecho, el ministro Florencio Randazzo le advirtió en persona al propio Benito Roggio, que no le hablara más del subte, que el Gobierno nacional no iba a hacer nada más al respecto y que el conflicto le incumbía a Macri.
El contrato de concesión entre Metrovías y el Gobierno nacional señala que en caso de que el contrato sea rescindido o no se prorrogue cuando finalice en 2017, la administración de los subtes pasaría automáticamente a Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). Es decir, la red de subterráneos pasaría a depender directamente del gobierno porteño, titular de esa empresa.
Pero ese final podría precipitarse en las próximas 24 horas. Sucede que en el artículo 19, punto 2, inciso D se establece que dicho contrato puede caer cuando “el concesionario incurra en abandono del Grupo de Servicios Concedido”. “Existe abandono cuando el concesionario, sin causa justifica¬da, deje de prestar servicio en alguno de los ramales troncales durante más de cinco días corridos”, señala la normativa.
Aquí entra la discusión porque, según estiman hasta los propios metrodelegados, esos cinco días sin servicio se cumplirían mañana si el paro se extiende. Y serían injustificados porque, siempre según la visión del Gobierno, la Ciudad y la empresa son los responsables de que los subtes funcionen o no.
Agencias